La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

La evolución actual de la seguridad privada en una sociedad sometida a riesgos diversos es, sin duda, una evolución en términos cuantitativos y, finalmente, cualitativos. Por decirlo en otros términos, hay más seguridad privada y adicionalmente, hace más cosas y desarrolla más actividades que no pueden ser realizadas por la seguridad pública convencional.
Se produce en este punto una transito entre las necesidades derivadas de nuevos riesgos y la posibilidad de su cobertura por medios tradicional ligados a la seguridad pública. Este transito es el que justifica que el legislador haya optado por la reforma del marco jurídico de la seguridad privada que se realiza con la publicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada.
La nueva Ley trata, por tanto, de dar cobertura al cambio funcional que se ha producido en los últimos años y adaptar el régimen jurídico de la actuación de los profesionales y de las empresas que dedican a esta actividad al nuevo marco funcional y a las eventuales exigencias que se han ido produciendo en el ámbito europeo.Es cierto que la concepción final de la seguridad privada como una parte de la seguridad pública efectuada por quienes tienen la condición de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado pero no tienen tal condición constituye un elemento central de la explicación del modelo y, lo que parece más importante, de las bases para un modelo estable, efectuado sobre el mismo esquema.
Ciertamente esta concepción es tributaria de la propia doctrina del Tribunal Constitucional sobre la ubicación conceptual de la seguridad privada como un subproducto de una matriz más grande conformada en el entorno de la seguridad pública. Esta ubicación es ciertamente relevante porque sitúa las pautas de actuación y las reglas de comportamiento de los agentes en un entorno específico y con unas características delimitadas más allá de que sea el agente público o privado el que actúe en el cumplimiento de la respectiva función.
En este marco se configura una Ley en la que el título Preliminar se refiere a las disposiciones generales aplicables al conjunto de actuación de los fenómenos de seguridad privada, incluyendo la referencia a las Administraciones de tutela y las funciones de coordinación, el título Segundo se refiere específicamente a las empresas de seguridad privada, el título Tercero, al personal de seguridad privada, el Título IV, a los servicios y medidas de seguridad,
el Título V al control administrativo
y el Título VI al régimen sancionador.
El análisis de esta regulación se ha agrupado en capítulos que contiene referencias comunes y materiales sobre los grandes aspectos de la reforma y de la nueva regulación huyendo del análisis artículo por artículo para dotar al Comentario de una visión global que se juzga más interesante en función de su propia concepción y utilidad para un trabajo que trata de establecer las líneas generales de un nuevo modelo.

La Administración Pública de nuestras días está sometida a profundos cambios y transformaciones. En lo que se refiere al ejercicio de las actividades económicas se ha producido, sin duda, una transformación novedosa fruto de un conjunto de normas que vienen modificando el conjunto de técnicas con las que la Administración controla el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.
En concreto, la introducción de la declaración responsable y la comunicación previa, junto con una utilización residual y minoritaria numéricamente, están llamadas a cambiar el panorama público tanto en lo que se refiere, por un lado, al propio acceso a las actividades pero, también y de otro, al ejercicio de las facultades de supervisión y control e, incluso, al ejercicio de las potestades sancionadoras.
La presente Obra trata, precisamente, de abundar esta transformación y en la capacidad de articular un marco diferente de relaciones con las Administraciones Públicas y, por ende, con los ciudadanos. Se trata de un eslabón en un proceso que acaba de comenzar pero que tiene un amplísimo recorrido a desarrollarse en los próximos tiempos.

La Administración Pública de nuestras días está sometida a profundos cambios y transformaciones. En lo que se refiere al ejercicio de las actividades económicas se ha producido, sin duda, una transformación novedosa fruto de un conjunto de normas que vienen modificando el conjunto de técnicas con las que la Administración controla el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.
En concreto, la introducción de la declaración responsable y la comunicación previa, junto con una utilización residual y minoritaria numéricamente, están llamadas a cambiar el panorama público tanto en lo que se refiere, por un lado, al propio acceso a las actividades pero, también y de otro, al ejercicio de las facultades de supervisión y control e, incluso, al ejercicio de las potestades sancionadoras.
La presente Obra trata, precisamente, de abundar esta transformación y en la capacidad de articular un marco diferente de relaciones con las Administraciones Públicas y, por ende, con los ciudadanos. Se trata de un eslabón en un proceso que acaba de comenzar pero que tiene un amplísimo recorrido a desarrollarse en los próximos tiempos.

Es objeto de la presente obra el régimen de las denominadas viviendas protegidas, esto es, aquéllas para cuya construcción o adquisición han sido beneficiarias de medidas que se suelen concretar, especialmente, con la concesión de determinados beneficios de diverso tipo que a lo que tienden es que, al final del proceso, el precio de la vivienda sea asequible. Los adquirientes, por lo demás, asumen como contrapartida una serie de limitaciones que tienen que ver, principalmente, con prohibiciones en cuanto a la venta de la vivienda durante determinado tiempo y limitaciones respecto del precio que pueden exigir, entre otras que constituyen el núcleo duro de su régimen jurídico. Régimen este que se ha ido concretando a lo largo del tiempo en una serie de normas que remitían a las conocidas como VPO o «viviendas de protección oficial», como modalidad de viviendas protegidas que se impuso poco antes de la aprobación de la Constitución. El mandato constitucional del artículo 47 de nuestra Norma Fundamental, la asunción de competencias de las Comunidades Autónomas y el papel del Estado en este ámbito, junto con una normativa preconstitucional de aplicación supletoria, convierte este sector de la intervención administrativa en uno de los de mayor complejidad. Al objeto de acercar el entramado normativo de aplicación se tratan los más relevantes aspectos de esta institución, como el vigente Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el régimen de infracciones y sanciones y la vertiente urbanística de la vivienda protegida, atendiendo muy especialmente a los pronunciamientos de la Jurisprudencia sobre los distintos conflictos que se han plantado.

El libro pone de relieve la falta de visión de conjunto y el abandono de la regulación de la participación de los animales en el deporte. Este hecho es, por sí solo, justificador de la utilidad del libro. Pero esta utilidad se convierte en tangible cuando se analiza el último de los capítulos. Se refiere al dopaje de los animales en el ámbito de la actividad deportiva. En este punto conviene recordar que la Disposición Final Primera de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte contiene una obligación -hasta ahora incumplida- cuando indica que «...El Gobierno elaborará y remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley por el que se adapte el régimen de obligaciones y controles que se contienen en esta Ley a los animales que participen en competiciones de ámbito estatal».

Los últimos años de la jurisprudencia española de todos los órdenes jurisdiccionales tiene como característica el aumento de su numero y la intensidad de los temas tratados. Esta simple afirmación nos sirve para indicar que la importancia del deporte como hecho social se ha visto incrementado en los últimos años como consecuencia de un creciente proceso de juridificación de los conflictos y de debate sobre el Ordenamiento Jurídico deportivo. La Obra trata de sistematizar y dar a conocer la mayor parte de esta jurisprudencia ofreciendo una visión ordenada y completa de su contexto y su alcance. Esta ordenación y los comentarios que se han incluido a las sentencias que forman la <> permiten al lector tener un conocimiento claro de la evolución jurisprudencial en materia de deporte y del tratamiento de algunas de las cuestiones centrales de los últimos años. El proceso de juridificación y la lectura de muchos de los capítulos que se han incluido en la Obra demuestran que queda mucho trabajo por realizar y que, probablemente, será necesario, en algún momento, una ?reconcepción? del Sistema en su conjunto y de las reglas de ordenación del deporte. El trabajo quiere contribuir a este debate incorporando los detalles y el tratamiento más de base que es el que, claramente, puede servir para fundar la conclusión expuesta.